Brasil, a quince días del abismo

“…Debemos aunar esfuerzos en torno a causas justas, como la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa presentada por el Gobierno brasileño que ya cuenta con el apoyo de mas de doscientos países y organizaciones internacionales. Somos muchos y no estamos solos…”

 

Lula da Silva

 

El domingo 4 de octubre Brasil dio un aviso que nadie en la izquierda democrática debería tomar por un accidente. Flávio Bolsonaro, hijo y heredero declarado de un expresidente que cumple condena por intentar un golpe de Estado, ganó la primera vuelta con el 47% de los votos válidos frente al 45% de Luiz Inácio Lula da Silva: 2,2 millones de votos de ventaja. Las encuestas pronosticaban lo contrario. La derecha ha logrado su mejor resultado desde la redemocratización. Y lo más grave: los primeros sondeos para la segunda vuelta, de Datafolha y AtlasIntel, le dan entre cuatro y cinco puntos de ventaja. La sorpresa ya no es una sorpresa. Es una tendencia.

PREGUNTAS INCÓMODAS

El bolsonarismo no ha ganado la mayoría de Brasil, pero nunca desde 2018 había estado tan cerca de lograrlo. Flávio tiene abierta una investigación en el Supremo por presunta corrupción, blanqueo y evasión de divisas. Se le atribuye haber negociado decenas de millones con el dueño del Banco Master, hoy en prisión, para financiar una película que glorifica a su padre. Su promesa estrella es abrirle la cárcel a ese padre. Que aun así parta como favorito obliga a hacerse preguntas incómodas.

La primera es por qué millones de brasileños que se beneficiaron de las políticas sociales de Lula no le han devuelto su apoyo. La respuesta honesta es que la gratitud no es una categoría electoral. Quien salió de la pobreza con Bolsa Família hace veinte años vive hoy otras angustias: la inseguridad de su barrio, el precio de la cesta básica, el empleo precario de sus hijos. El bolsonarismo ha sabido hablar de ellas, aunque sea con soluciones falsas. Las políticas públicas cambian la vida material, pero sin un relato compartido de futuro no generan lealtad política.

La segunda duele más: por qué no se corrigió el rumbo a tiempo. Se confió en que el rechazo al apellido Bolsonaro bastaría y en que la memoria del 8 de enero de 2023 haría el resto. Pero la defensa de la democracia no puede ser solo un recuerdo. Tampoco ayudó que el escándalo del Master salpicara al Supremo y a figuras próximas al Gobierno. Eso permitió a Flávio presentarse como víctima de unas instituciones a las que tacha de corruptas, cuando el investigado es él. Cuando el árbitro aparece salpicado, el que quiere saltarse las reglas encuentra su coartada.

EL INDULTO. LOS RIESGOS

Llevo toda mi vida combatiendo la impunidad y quiero ser claro: la respuesta a esa sombra no puede ser el silencio. Lula debe exigir que la investigación del Master llegue hasta el final, alcance a quien alcance, incluidos los suyos. Solo así recuperará la autoridad moral para señalar la diferencia esencial entre los dos proyectos. Uno se somete a la ley. El otro promete abolirla para su familia.

Porque de eso se trata. Flávio ha calificado de “gran farsa” el juicio que condenó a su padre. Ha anunciado que impulsará una amnistía para él y para los golpistas ya durante la transición y que, si no la logra, firmará un indulto. Jurídicamente, la operación no es tan sencilla como pretende. En mayo de 2023, por ocho votos contra dos, el Supremo anuló por desviación de finalidad la gracia que Jair Bolsonaro había concedido al diputado Daniel Silveira, condenado por amenazar el Estado democrático de derecho. El poder de perdonar no sirve para proteger a los aliados frente a la justicia, y varios magistrados advirtieron entonces de que los crímenes contra la democracia no admiten indulto ni amnistía. Pero el problema de fondo es político. Un presidente que llega al cargo para borrar un golpe de Estado manda un mensaje inequívoco: atentar contra la democracia sale gratis si después se ganan las elecciones. Es la definición misma de la impunidad, y un precedente que ninguna democracia de la región podría ignorar.

Conviene preguntarse con honestidad qué ganaría Brasil con su victoria. Sus votantes esperan mano dura, ajuste fiscal y un relevo generacional frente a un presidente de 80 años. Son aspiraciones legítimas. Pero el programa que se repite en cada mitin no es un plan contra el crimen ni contra la carestía: es la rehabilitación de un hombre condenado por intentar anular unas elecciones. Ningún país sale más seguro de aprender que la ley se negocia en las urnas.

El riesgo de involución no es retórico. Ya lo vivimos entre 2019 y 2022, y hoy vuelve con más experiencia, con un Congreso más escorado a la derecha y con un objetivo declarado.

Está en riesgo, en primer lugar, la democracia. El 25 de octubre no se vota un programa de gobierno, sino el principio de que la ley obliga a todos. La amnistía o el indulto para los golpistas no repararían injusticia alguna. Desautorizarían al tribunal que sostuvo la democracia cuando otros la asaltaban, y que hoy investiga al propio candidato. Un presidente que llega para anular a sus jueces no gobierna, se blinda. Detrás vendría lo ya conocido: el acoso a magistrados y periodistas, la sospecha permanente sobre el sistema electoral, la idea de que las instituciones son enemigas cuando no obedecen.

Está en riesgo el medioambiente. Con Jair Bolsonaro, la deforestación de la Amazonía superó los 13.000 kilómetros cuadrados en 2021, uno de los peores registros de la serie histórica, mientras se desmantelaba el plan federal de control vigente desde 2004. Con Lula se ha reducido a la mitad, y las alertas del último año son las más bajas desde que existen mediciones. Flávio promete ahora acabar con la deforestación ilegal en 2029. Lo promete la misma familia política que convirtió la selva en un territorio sin ley. La Amazonía no es un asunto doméstico: de ella depende el clima de todos.

Y está en riesgo la igualdad. Las políticas que sacaron a Brasil del Mapa del Hambre son las primeras que se debilitan cuando gobierna quien las desprecia: la renta básica, la alimentación escolar, las cuotas raciales en la universidad, la protección de las mujeres frente a la violencia. Los pueblos indígenas ya conocieron el abandono, y la tragedia yanomami es su emblema. La desigualdad no es un efecto secundario de ese proyecto. Es su condición.

UNA SEGURIDAD REAL

Aquí está la gran paradoja que la izquierda no puede seguir consintiendo. La ultraderecha se ha apropiado del discurso de la firmeza mientras promete impunidad a quienes asaltaron las instituciones. Esa bandera no se puede regalar. La seguridad tiene tres dimensiones, y las tres pertenecen a quien defiende la democracia.

La primera es la seguridad jurídica: saber que la ley es igual para el vecino de una favela y para un expresidente. Sin ella ninguna otra se sostiene. Un país donde el poder puede borrar los delitos de los suyos no da garantías a nadie, ni al ciudadano, ni al inversor, ni al juez. El autoproclamado candidato del orden propone que una condena por golpe de Estado se deshaga por decreto y que la justicia dependa de la familia. No hay mayor inseguridad. Si quien atenta contra la Constitución queda libre, el crimen organizado recibe un mensaje nítido: la ley se negocia.

La segunda es la seguridad física: salir a la calle sin miedo, tomar el autobús de madrugada, que los hijos vuelvan del colegio. Es la angustia que más pesa hoy sobre las familias, sobre todo en las periferias, donde las facciones y las milicias mandan más que el Estado. La izquierda ha hablado de ello demasiado tiempo con incomodidad, y ese silencio lo ha llenado la ultraderecha con su receta de siempre: armas en cada casa, gatillo libre y mano dura. Esa receta nunca ha reducido la violencia en ningún lugar del continente. Solo multiplica las víctimas, casi siempre jóvenes, pobres y negras, y deja intacto el negocio del crimen. Frente a ella, firmeza con ley: inteligencia policial, persecución del dinero del narcotráfico y de las milicias, control de fronteras y de armas, policías mejor pagados y formados, y presencia permanente del Estado, con escuelas, centros de salud y empleo, donde hoy solo hay abandono. Las garantías procesales no son debilidad, por mucho que la derecha haya fabricado esa caricatura. Son la prueba de la fuerza de un Estado capaz de perseguir el delito sin violar derechos.

La tercera es la seguridad alimentaria y vital: que ningún niño se acueste con hambre, que una familia llegue a fin de mes, que una enfermedad no suponga la ruina. Es la más elemental y la más olvidada en el discurso de la firmeza. En 2022, último año de Jair Bolsonaro, 33 millones de brasileños pasaban hambre. En 2025 Naciones Unidas confirmó que Brasil había salido del Mapa del Hambre, y en julio de este año ratificó que sigue fuera. Lo logró el Gobierno de Lula en apenas dos años, con el Bolsa Família, el refuerzo de la alimentación escolar, la compra pública a la agricultura familiar y la subida del salario mínimo. Es un logro frágil, que depende de mantener esas políticas y de contener el precio de la cesta básica. Quien las desprecia como “asistencialismo” no ofrece seguridad, ofrece incertidumbre a los más vulnerables. No hay mayor firmeza que garantizar el pan.

Seguridad jurídica, física y alimentaria forman un solo proyecto. Las tres están en peligro si gana quien promete orden mientras prepara la impunidad.

QUÉ PUEDE HACER LULA

¿Qué puede hacer Lula en estos quince días? Primero, dejar de hablar del pasado y hablar del mañana, con un plan creíble de seguridad en esos tres sentidos y un mensaje claro sobre el coste de la vida. Segundo, ampliar su frente como en 2022, con garantías visibles a los moderados que no son bolsonaristas pero desconfían del Partido de los Trabajadores. Tercero, movilizar a fondo el Nordeste y el voto femenino, donde conserva ventaja, y combatir la abstención. Cuarto, hablar con el mundo evangélico sin condescendencia ni oportunismo, desde los valores de justicia social que también forman parte de esa tradición. Y quinto, quizá lo decisivo, convocar a la juventud, que es la que más tiene que perder y la que menos se siente interpelada por una política que le habla en pasado. Hay que llamarla a votar con propuestas sobre empleo digno, educación, vivienda y clima, y en los espacios donde los jóvenes están de verdad. Una generación que vota es una generación a la que no se le puede arrebatar el futuro.

Si Lula no lo consigue, no habrá una alternancia democrática más. Será la consagración de un clan que ha hecho de la negación de la justicia su programa, con el respaldo de Washington y de la internacional ultraderechista. Brasil no es un país más. Lo que ocurra el 25 de octubre resonará en toda América Latina, en la Amazonía de la que todos dependemos y también en Europa.

Todavía hay tiempo. Pero ya no queda margen.

Baltasar Garzón es jurista español, autor de la Democracia amenazada.