Nadie votará por nosotros

El 29 de noviembre no elegiremos solo un nuevo Parlamento y un Gobierno. Decidiremos si España sigue ensanchando las libertades conquistadas desde 1978 o si las entrega a quienes llevan años desmontándolas y horadando la democracia. Las encuestas otorgan al PP y Vox casi quince puntos de ventaja sobre el bloque progresista. No es una fatalidad: es una advertencia.

La campaña del miedo

En Sevilla, José María Aznar proclamó que, si gana la actual coalición progresista, “el sistema constitucional, la unidad que hemos conocido hasta ahora y la monarquía se terminan”. Isabel Díaz Ayuso pidió a todo el mundo que “ni se le ocurra votar por correo”, y Santiago Abascal agitó el fantasma del fraude electoral. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, invoca la Transición —retos “solo comparables a los de hace cincuenta años”— para revestir de epopeya una alternancia ordinaria.

Conviene llamar a las cosas por su nombre. Advertir de que la victoria del adversario acabaría con la Constitución equivale a anunciar que solo se acepta un resultado. Sembrar sospechas sobre el voto por correo antes de que se emita una sola papeleta es preparar la deslegitimación de las urnas. Fue el guion de Trump en 2020 y de Bolsonaro en 2022. Eso tiene un nombre: golpismo. Y la Transición pertenece a quienes la hicieron posible desde la cárcel, el exilio y la calle, no a quienes hoy la usan como coartada.

El manual

Trump ha escrito el manual. Su Administración ha sancionado a una decena de jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional por investigar, entre otros, los crímenes cometidos en Gaza. Su Tribunal Supremo, ahora, le permite reanudar las deportaciones de migrantes a terceros países, sin ninguna garantía.

El 4 de octubre, Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta electoral en Brasil con el 47% de los votos, mientras su padre, al que ha prometido indultar si gana en segunda vuelta a

Lula de Silva, cumple veintisiete años de prisión por intentar un golpe de Estado. En Sajonia-Anhalt, la AfD (extrema derecha) rozó el 44% de los votos. En Francia, el partido de Le Pen estrena grupo propio en el Senado. Vox comparte foro y estrategia con esa red a través de Patriotas por Europa en el Parlamento europeo.

El autoritarismo contemporáneo no necesita tanques. Le bastan mayorías parlamentarias, desinformación y togas complacientes.

Nada de esto es irreversible. La pasada primavera, los húngaros desalojaron a Orbán tras dieciséis años en el poder. Recientemente la socialdemocracia ha triunfado en Suecia e intenta formar gobierno con el bloque progresista. Lo que una mayoría consiente, otra puede revertirlo.

El falso dique

En España, el Partido Popular ha renunciado a ser el dique que contenía al extremismo. Gobierna en coalición con Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León y, desde julio, en Andalucía, donde ha entregado a la ultraderecha una vicepresidencia con la consejería de Justicia. Todos esos pactos incorporan la llamada ‘prioridad nacional’, contraria al artículo 14 de la Constitución, que el PP decía rechazar en el Congreso. Moderación en Madrid, ultraderecha en los territorios.

Como advertí, en su día, en Los disfraces del fascismo y, recientemente, en La Democracia Amenazada, el autoritarismo contemporáneo no necesita tanques. Le bastan mayorías parlamentarias, desinformación y togas complacientes.

El 2 de octubre, PP, Vox y Junts tumbaron los decretos de vivienda mientras una mujer de 87 años era desahuciada en Madrid y miles de jóvenes acampaban en las plazas. Donde PP y Vox cogobernaron, derogaron las leyes de memoria democrática y las sustituyeron por “concordias” que equiparan a víctimas y verdugos, mientras decenas de miles de personas continúan aún en cunetas y fosas. Negarles la verdad no reconcilia: blinda a los perpetradores. El PP bloqueó el Consejo General del Poder Judicial más de cinco años. Recuerden el caso Gürtel: aquel partido fue condenado como partícipe a título lucrativo y nunca pidió perdón. Según la instrucción de Kitchen, se utilizaron las cloacas del Estado para espiar a su extesorero caído en desgracia y con información comprometedora. Y fue un Gobierno popular el que, en 2014, cercenó la jurisdicciónuniversal que permitió, en su día, perseguir a Pinochet y a otros criminales contra la humanidad.

Señalan a migrantes, niegan la violencia machista, persiguen a las personas LGTBI y desprecian la emergencia climática. Necesitan enemigos porque les ahorran hablar de las causas reales del malestar: la especulación, la concentración de la riqueza y el deterioro deliberado de lo público.

¿La justicia?

La independencia de los jueces se les presume y está garantizada por ley; pero sin jueces imparciales no hay democracia. La justicia pertenece a la ciudadanía, no a quienes la administran ni a quienes pretenden servirse de ella.

Por eso no basta con exigir a los partidos que no la instrumentalicen: la propia justicia debe negarse a ser instrumento. Cuando algunos jueces y fiscales y asociaciones profesionales se prestan a campañas políticas, o hacen coincidir resoluciones, comunicados y tiempos procesales con las formulaciones y los intereses de una fuerza concreta, no solo erosionan su imparcialidad: corroen y corrompen una institución que es de todos. La toga no autoriza a hacer política por otros medios.

Tampoco puede tolerarse que determinados medios y redes conviertan los mecanismos procesales en munición: querellas construidas con recortes de prensa, acusaciones populares al servicio de organizaciones ultras, filtraciones selectivas y juicios paralelos que condenan antes que los tribunales. Esto es lawfare, y sirve a intereses particulares, sectarios y partidistas, además de destruir la buena justicia. Conozco ese mecanismo desde dentro: el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró, por unanimidad, arbitrario y parcial el proceso seguido contra mí; o el caso del fiscal general, además de otros varios.

Convocadas las elecciones, las actuaciones judiciales con contenido político, o que afecten a intereses políticos concretos, deberían quedar en suspenso hasta el 29 de noviembre

Y hay una exigencia inmediata. Convocadas las elecciones, las actuaciones judiciales con contenido político, o que afecten a intereses políticos concretos, deberían quedar en suspenso hasta el 29 de noviembre. Cualquier imputación, registro o citación acordada en plena campaña será leída, con razón o sin ella, como interesada y parcial, y dañará tanto a la justicia como a la limpieza del proceso electoral. Solo deben quedar al margen los asuntos que estén ya en fase de juicio oral o pendientes de sentencia.

Erradicar el corporativismo exige transparencia en los nombramientos, rendición de cuentas y un régimen disciplinario que funcione. Y ningún partido —tampoco los progresistas— debe usar los tribunales como prolongación de la batalla política ni atacarlos cuando una resolución le incomoda.

Lo que procede

El progresismo solo merece ganar si se exige a sí mismo lo que reclama a los demás. La lucha contra la impunidad no admite excepciones partidistas.

Verdad: prometer lo que se puede cumplir y reconocer los errores antes de que otros los descubran. Ni favoritismos ni parcialidad: los cargos públicos para los más capaces, mediante procesos transparentes, no para los más próximos. Corrupción: aislarla sin olvidarla, apartar de inmediato a los implicados, colaborar con la investigación y rendir cuentas en público; el “y tú más” es una coartada. Y escuchar: la ciudadanía pide vivienda asequible, salarios que alcancen, una sanidad que atienda a tiempo e instituciones limpias. Pide ser tomada en serio y participar, no solo ser convocada cada cuatro años.

El progresismo solo merece ganar si se exige a sí mismo lo que reclama a los demás

Lo que lleva a perder también es conocido: las peleas de siglas, el personalismo, la arrogancia de creer que el miedo a la ultraderecha basta para movilizar, la tibieza ante los propios abusos. La unidad no exige uniformidad; exige acordar lo esencial — vivienda, empleo digno, servicios públicos, igualdad, transición ecológica justa, regeneración institucional — y anteponerlo a la supervivencia de cada candidatura.

Por qué votar

Desde 1978 este país conquistó, entre otros hitos, el divorcio, la sanidad universal, el derecho al aborto, la escuela pública, el matrimonio igualitario, la muerte digna y la reparación de las víctimas del franquismo, al menos parcial. Nada fue un regalo. Se ganó en las calles, en los juzgados y en las urnas, y detrás de cada avance hay nombres propios, años de lucha y, a veces, cárcel. Y todo es reversible.

No pido un voto acrítico. Pero la equidistancia es falsa: unos amplían libertades; otros ya han anunciado cuáles piensan suprimir. La abstención no sanciona a quien ha fallado: premia a quien quiere desmantelar lo común. Y a quienes pretenden que no votemos por correo, la mejor respuesta es una participación masiva, por cualquier vía legal.

Toca convertir la indignación en participación, la memoria en proyecto y la protesta en mayoría. No arrodillarse ante quienes confunden patria con exclusión.

La democracia no se hereda: se defiende. Y el 29 de noviembre nadie votará por nosotros.